A principios de noviembre del año pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que propondría una reforma para prohibir, salvo excepciones, el outsourcing en el país. Dicha iniciativa se encuentra actualmente en discusión la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el ejecutivo, las principales razones de esta medida son para evitar la evasión fiscal y mejorar las condiciones de los trabajadores. La iniciativa pretende modificar la Ley Federal del Trabajo, así como la del Seguro Social, del Infonavit, el Código Fiscal, del ISR y del IVA.
El gobierno, principal beneficiario del outsourcing
Tras el anuncio del mandatario, diversos actores manifestaron su descontento con la iniciativa, ya que se prevé que frenar esta práctica puede atraer más perjuicios que beneficios. La diputada por el PAN y presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas planteó que, de prohibirse la subcontratación, no habría presupuesto para ofrecer contratos formales.
Terrazas señaló que es precisamente el estado uno de los principales usuarios de este tipo de contrataciones, por lo que provocaría serios problemas a la nómina federal. Además, expresó que la reforma que propone López Obrador provocaría ahuyentar a los inversionistas, es por ello que recalcó la importancia de crear mejores condiciones laborales para producir una oferta de trabajo adecuada para las partes involucradas.
AMLO sabe las consecuencias
Por su parte, la presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), Claudia Jañez Sánchez coincidió con Terrazas en el aspecto de los inversionistas. Jañez aseguró que el presidente de la República es consciente de la magnitud de retiros de inversionistas a causa de la extinción del outsourcing.
Afirmó que, aunque no exista empresa alguna que haya manifestado abiertamente su deseo de retirar su inversión, prevé que la medida haga replantearse a los empresarios su permanencia en el país. Esto, debido a que México se convertiría en el único país que prohibiría el outsourcing, por lo que no resultaría extraño que las compañías retiraran su inversión para evitar riesgos.
Es por ello que algunos empresarios han decidido abrir el diálogo con el gobierno federal para encontrar un equilibrio. La iniciativa ya fue presentada ante la Cámara de Diputados, por lo que queda definir si el outsourcing será removido como forma de contratación en el país o se mantendrá, pero con las malas prácticas erradicadas.
