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El 80% de las denuncias contra servidores públicos en México quedan impunes, según estudio

En México, 8 de cada 10 denuncias contra servidores público en instituciones federales no se sancionan, así lo dio a conocer la organización activista Impunidad Cero. De acuerdo con una investigación, realizada en conjunto con la Iniciativa en Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey, de 2014 a 2019 la impunidad administrativa promedió un 80.69%.

El análisis consideró las denuncias en contra de personal en cada uno de los poderes del Estado mexicano, así como de la Fiscalía General de la República (FGR). Este último organismo autónomo resultó ser el de mayor impunidad con sus trabajadores, pues de 100 denuncias impuestas, ninguna ameritó sanción.

El Poder Judicial fue el más efectivo en este rubro, pues el 85.44% de las denuncias contra sus servidores públicos desembocó en castigo. Le siguió el Poder Legislativo con un 47.7% de efectividad y al final el Poder Ejecutivo, donde únicamente el 19.23% de las acusaciones procedieron en sanción.

La investigación incluyó además la impunidad en los entes a nivel estatal. Los poderes judiciales de Chihuahua y Querétaro fueron los que menos sancionaron, con un 2.8% y 8.7% de efectividad respectivamente. En el legislativo, nuevamente Querétaro junto con Puebla tuvieron mayores índices de impunidad, con el 15.4% y el 1.2% de acción correctiva respectivamente.

El poder judicial de Campeche es la institución de mayor impunidad administrativa registrada en el país, solo el 0.5% de las denuncias acaban en castigo. Por el lado de las fiscalías, Aguascalientes y Tlaxcala tuvieron una efectividad del 6.4% y 6.8% respectivamente, convirtiéndose así en las menos reprensoras con sus empleados.

Las principales causas para las denuncias fueron: en los poderes ejecutivos, irregularidades en contratación pública; en los poderes legislativos, incumplimiento de declaración de situación patrimonial; en los judiciales, demora en el cumplimiento de sus funciones; y en las fiscalías, prestación deficiente de servicio público.

Darío Ángeles, abogado y encargado del estudio, acusó que gran parte de las instituciones se rehusaron a atender las solicitudes de información o brindaron datos incompletos. Recalcó que es necesario contar con mejores ejercicios de transparencia por parte de las autoridades, a fin de analizar adecuadamente el funcionamiento de los sistemas para mejorar la administración pública y evitar la corrupción.

Guillermo Castillo

Periodista por la Universidad Autónoma de Querétaro.

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