En un hecho histórico, y en cumplimiento a un dictamen de la ONU, el Estado Mexicano ofreció una disculpa pública a Arturo Medina Vela, un joven con discapacidad, por violación a sus derechos humanos.
Arturo originario de la Ciudad de México, fue acusado de robo de automóvil en 2011, apenas tenía 21 años. El error fue acercase a un vehículo que vio abierto. En ese momento fue detenido por policías y acusado del robo del coche. Su mamá una vez que lo localizó, argumentó que el hecho era imposible, dado que Arturo no sabía manejar. El ministerio público dijo que Arturo había empujado el carro, que estaba grabado en vídeo, aunque nunca lo mostraron.
Su mamá presentó documentos que le hicieron ver a la autoridad que Arturo padecía de una discapacidad psicosocial e intelectual, por lo cual fue declarado inimputable y su defensa judicial fue mermada.
Arturo Medina fue recluido en el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial donde cumplió una condena de 4 años.
Fue hasta el día de ayer que el Estado dio cumplimiento al dictamen de la ONU ofreciendo una disculpa pública a Arturo Medina Vela. Fue un acto público en la Secretaría de Gobernación.
Documenta A.C. es una asociación civil que ha acompañado a Arturo en el proceso que llegó hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En septiembre de 2019, la ONU emitió un dictamen en el que considera que los derechos humanos de Arturo fueron violentados y por lo tanto emite las siguientes recomendaciones:
Por lo que ve a Arturo, el Estado tiene la obligación de:
- Proporcionarle una reparación efectiva, incluido el reembolso de cualesquiera costas judiciales en que haya incurrido, junto con una indemnización;
- Reconocer públicamente la violación de los derechos del autor conforme al presente dictamen y adoptar cualquier otra medida de satisfacción adecuada;
- Publicar el presente dictamen y distribuirlo ampliamente, en formatos accesibles, a fin de que llegue a todos los sectores de la población.
Por lo que ve a evitar que se sigan cometiendo estas violaciones en el futuro, el Estado deberá:
- Armonizar las leyes, tanto del Distrito Federal (ahora Cd. De México) en relación a la figura del inimputable y al Procedimiento Especial para Inimputables, garantizando su conformidad con los principios de la Convención, con el objeto de asegurar el respeto de las garantías del debido proceso a las personas con discapacidad;
- Revisar la aplicación de las medidas de seguridad que implican el internamiento para un tratamiento médico-psiquiátrico y adoptar las medidas necesarias para promover alternativas que se ajusten a los principios de la Convención;
- Velar por que se ofrezcan a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial las medidas de apoyo y ajustes razonables adecuados para que puedan ejercer su capacidad jurídica ante los tribunales;
- Velar por que se imparta a los jueces, oficiales judiciales, agentes del ministerio público y los funcionarios que participan en la facilitación de la labor del poder judicial formación adecuada y continua sobre el alcance de la Convención y su Protocolo Facultativo.
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