El gobierno federal ordenó desaparecer todos los fideicomisos públicos “sin estructura orgánica”, que no estén previstos en ley y que no tengan que ver con temas de salud, deuda pública, “o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones”.
Con esta medida se busca ingresar a la Tesorería de la Federación cerca de 250 mil millones de pesos que se encontraban dispersos en más de 200 fideicomisos públicos.
Los recursos deberán entregarse a la Secretaría de Hacienda “a más tardar el día 15 de abril del presente ejercicio fiscal”, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El presidente Andrés Manuel López Obrador identificó cuatro destinos principales para los recursos que se encontraban dispersos en decenas de fideicomisos públicos.
“Mi recomendación es que en la distribución de esos recursos se consideren cuatro propósitos: fortalecer los programas sociales, ayudar a la reactivación económica, apuntalar a PEMEX por la caída en los precios del petróleo, y principalmente pagar deuda”, comentó.
López Obrador sostuvo que esta medida fue prevista en la Ley de Austeridad Republicana que recientemente entró en vigor y representa cerca del 1% del Producto Interno Bruto.
