Aunque una vez empleadas las mujeres pueden enfrentar menores salarios, escasas oportunidades de ascenso y falta de prestaciones sociales, en comparación con los hombres, la mayor desventaja de las mujeres para su movilidad laboral es pasar del trabajo en el hogar, el desempleo o las tareas no remuneradas a tener un empleo remunerado. Este obstáculo se acentuó durante los dos últimos años con la pandemia de COVID-19, de acuerdo con el Boletín de Movilidad Social en el Mercado de Trabajo del Centro de Estudio Espinosa Yglesias (CEEY).
Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del CEEY, quien coordinó esta investigación resaltó que: “El principal obstáculo a la movilidad laboral de las mujeres ha sido su exclusión del mercado de trabajo para realizar, sin reconocimiento ni remuneración alguna, labores domésticas o de cuidado de otras personas”. En este sentido, el documento examina la movilidad laboral de hombres y mujeres desde 2006 hasta el presente. Se analiza la situación antes de la pandemia, los efectos de la misma y la recuperación en los últimos meses de 2021.
Se destacan las diferencias en la movilidad social en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres desde 2006. La investigación muestra que la baja participación de las mujeres en actividades remuneradas se asocia con el elevado trabajo de cuidados que realizan dentro y fuera del hogar, lo que las mantiene fuera de la Población Económicamente Activa (PEA) o en trabajos de baja remuneración y limitadas posibilidades de desarrollo laboral.
Rocío Espinosa, investigadora del CEEY, indicó que, en materia de ingresos continuos por el trabajo en el transcurso de un año, se han recuperado respecto a 2021 el total de personas, tanto hombres como mujeres, en esta situación.
En el documento se enfatiza que, durante el periodo 2006 a 2019, las mujeres tuvieron menos posibilidad que los hombres de transitar del desempleo o del trabajo no remunerado hacia un trabajo remunerado, así como acceder a los servicios de salud debido a su empleo. Esto se debe, en buena medida, a que tienen a su cargo casi la totalidad del trabajo de cuidados, y lo realizan de forma no remunerada, en el ámbito privado, al margen de la protección y de la seguridad social. Estos factores, junto con otros, hacen que la movilidad social ascendente desde los estratos de bajos ingresos sea más complicada para las mujeres y las hace vulnerables, incluso, a abandonar empleos de altos ingresos en caso de llegar a ellos.
En el cuarto trimestre de 2019, la población económicamente activa era de alrededor de 22.2 millones de mujeres y 35.1 millones de hombres. Cayó drásticamente a 18 millones de mujeres y 30.4 millones de hombres para el segundo trimestre de 2020, y regresó a un nivel y composición semejantes a los previos a la pandemia en el segundo trimestre de 2021 (22.7 millones de mujeres y 35.2 millones de hombres). Lo anterior significó que, de finales de 2019 al primer trimestre de 2020, 8.3 millones de personas pasaron de la PEA a la inactividad económica. De estas, alrededor de 3.7 millones fueron mujeres.
Si ya de por sí el panorama para este sector de la población era difícil, la llegada del COVID-19 lo agudizó todavía más: “La pandemia trajo como consecuencia un agravamiento de la desventaja inicial de las mujeres en el mercado de trabajo. Tras un año de pandemia, se redujo en más de dos millones el número de mujeres con un trabajo remunerado”, recalcó Rodolfo de la Torre.
La pandemia también amplió la desigualdad en salud para el sector femenino, ya que para el primer trimestre 2020, el 28.6 % de los hombres mantenía u obtenía acceso a los servicios de salud ligados a su empleo, mientras la cifra para las mujeres era de 17.8 %.
Al cierre de 2021, ya en la fase de recuperación, se mantuvo la baja movilidad laboral relativa de las mujeres respecto a los hombres. Y en el mercado laboral general, aunque hay una recuperación de la PEA remunerada con acceso a servicios de salud y con capacitación, la movilidad social en los ingresos laborales continúa su deterioro.
De acuerdo con el Boletín, se observa que las desventajas laborales de las mujeres respecto de los hombres se han profundizado y poco se ha hecho para resarcir los daños que ocasionó la pandemia. Gran parte de los obstáculos para el mejor desempeño de las mujeres en el ámbito laboral están ligados a la fuerte carga de cuidados que realizan las mujeres dentro del hogar de forma no remunerada.
Roberto Vélez Grajales, director ejecutivo del CEEY, señaló que: “Por muchos años, las colectivas y otras organizaciones conscientes de esta problemática han impulsado un cambio que se traduzca en instituciones del estado mexicano que actúen para romper con estas barreras añadidas a la movilidad social de las mujeres. Entre ellas, la creación y consolidación de un sistema nacional de cuidados, así como la instrumentación por parte de las empresas de esquemas de flexibilidad laboral sin menoscabo de opciones de trayectoria y ascenso laboral, resultan claves”.
En este sentido, en el Boletín de Movilidad Social en el Mercado de Trabajo, se destaca que es indispensable recuperar las políticas que alivian esta carga, como las estancias infantiles o las escuelas de tiempo completo. Sin embargo, se debe ir más allá de acciones aisladas y construir un Sistema Nacional de Cuidados que ataque integralmente el problema como parte de una protección social universal.
“El sistema debe precisar la legislación que garantice el derecho a los cuidados y al tiempo, ampliar la oferta de establecimientos especializados en el cuidado, facilitar la prestación de servicios de cuidados domiciliarios, propiciar la distribución del trabajo de cuidado entre hombres y mujeres, y enfocar el gasto público a la activación de la economía de los cuidados. Este sistema ayudaría no solo a elevar la inserción de las mujeres en el mercado laboral, sino que facilita que los empleos obtenidos tuvieran acceso a servicios de salud y mejores condiciones de capacitación al permitir una búsqueda de un trabajo que pudiera hacerse con menores condiciones de apremio”, se establece en el Boletín.
