Este lunes, los alcaldes que integran la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM) presentaron la “Declaración de Querétaro: Seguridad Pública”, una agenda común que reúne once puntos con los que se buscará implementar un nuevo modelo de seguridad eficiente en la reducción de la incidencia delictiva en las capitales de México.
La alcaldesa de Mexicali y vicepresidenta de la asociación, Norma Bustamante, afirmó que la inseguridad pública es el tema que más aqueja al país, por lo que enfatizó en la necesidad de compartir experiencias que contribuyan a la tranquilidad, principalmente de las más de 20 millones de personas que habitan en las ciudades capitales.
Por su parte, el alcalde de Mérida y presidente de la organización, Renán Barrera, mencionó que a través de los comités especializados, la asociación propondrá soluciones en otros retos de las capitales, como la participación ciudadana, la inclusión y la igualdad de género. Añadió que Querétaro ha sido un referente de tecnología e innovación en materia de seguridad.
“Tenemos la plena certeza de que este intercambio de experiencias en materia de seguridad pública nos va a permitir avanzar como municipios cercanos y humanos. Nos permite también establecer mecanismos ciudadanos e institucionales para conocer de primera mano las inquietudes que como gobiernos locales también tenemos en torno a este flagelo que es la inseguridad ciudadana”, dijo.
En su intervención, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, expresó que la asociación buscará unir y movilizar el potencial de las ciudades capitales en favor del desarrollo, la seguridad y la calidad de vida de la población, y además buscando que a través del liderazgo de las capitales, lo anterior suceda también en otras ciudades y municipios de México.
“Creemos en el trabajo conjunto, en el compartir experiencias y mejores prácticas, en el construir juntos iniciativas e impulsarlas en conjunto con los gobiernos estatales y las instancias federales, en apoyarnos, en trabajar en conjunto reconociendo nuestras diferencias, pero sobre todo unirnos en las coincidencias, comenzando por nuestro profundo amor a México”.
Finalmente, sobre el cumplimiento de los puntos, Renán Barrera mencionó que dentro de quince días comenzarán a aplicarse lo señalado en la declaración, siendo el 7 de junio de este año la fecha límite para la implementación completa de la agenda.
Los puntos considerados en la “Declaración de Querétaro: Seguridad Pública” son:
1. Concretar una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) para implementar el servicio de carrera policial y reconocer los derechos humanos y laborales de los policías.
2. Impulsar iniciativas de reformas de ley en materia de seguridad pública bajo el esquema de federalismo y subsudiariedad.
3. Buscar una reunión con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y la presidenta de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero.
4. Establecer una vinculación permanente con la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conam) para promover el desarrollo de los gobiernos de las ciudades capitales del país.
5. Buscar una reunión con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para gestionar recursos federales sujetos a mecanismos de transparencia para el uso de tecnología aplicada a la seguridad pública municipal.
6. Concretar una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
7. Concretar una reunión con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC).
8. Llevar a cabo mesas de trabajo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
9. Promover la participación de las mujeres mediante la conformación de la Red de Mujeres Constructoras de Paz con el Instituto Nacional de las Mujeres y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
10. Fortalecer el trabajo de prevención y erradicación de las violencias hacia las mujeres, en cordinación con los gobiernos estatales y federal, además de realizar mesas de trabajo con el Instituto Nacional de las Mujeres, con las Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la discriminación.
11. Solicitar una reunión con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) para plantear mecanismos que puedan agilizar los procesos de procuración de justicia.
