Un estudio realizado por las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa identificó un desvío de 4 mil 179 millones 046 mil 254 pesos en 30 estados de la República, principalmente en el Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Sonora y Sinaloa.
El desvío se fraguó a través de 22,933 facturas falsas, entre 2012 y 2019, revela el estudio “Facturas Falsas, la epidemia en el sector salud”.
El organismo que realizó el mayor monto de pagos a empresas fantasma fue el IMSS, 320 millones de pesos, y el proveedor que desvió más recursos, 39%, fue Interacción Biomédica S.A. de C.V.
A raíz de que las facturas son la vía para comprobar y justificar gastos, la Institución junto con la empresa recurre a prácticas como la elaboración de un acuerdo para la simulación de la adjudicación de bienes o servicios o con personas físicas que operan como empresa fantasma.
Desde el 2014, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha elaborado un listado público de estos contribuyentes, sin embargo las autoridades hicieron uso del documento para erradicar el desvío de los recursos públicos, detalló el informe.
Se buscó aumentar las penas a los contribuyentes que realizaron estas prácticas mediante modificaciones a la legislación fiscal y en 2019 se tipificó como delito grave la expedición de estas facturas, considerándose como delincuencia organizada.
Sin embargo, menos del 1% de las entidades de salud del catálogo Clues tiene un RFC; el 99% de estos organismos careció de registro ante el SAT, además de que las secretarías de salud no utilizaron una clave vigente y no existió un registro que permitiera conocer la estructura con la que operaron las clínicas.
El estudio recuperó datos de 2012 a 2019 donde se muestra que 30 de los 32 estados de México recurrieron a la práctica de contratación de empresas fantasma.
El 41% del total de facturas falsas emitidas de 2014 a 2019 fueron en el Estado de México, por un monto de 1,804 millones de pesos. La misma entidad, junto con Chihuahua, Jalisco, Sonora, Sinaloa y Oaxaca concentraron el 80% de facturas falsas para este desfalco.
El capital utilizado en la elaboración de estos documentos a empresas fantasma no solamente provino del erario público, sino también de lo aportado por jefes y trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social junto con otros organismos de salud pública por lo que todos los pagos realizados por instituciones de salud debieron ser públicos, expresa el documento.
