España celebró sus últimas elecciones generales el 28 de abril del presente año. Tras cinco meses de negociaciones infructuosas entre el partido ganador, el socialista (PSOE), y la coalición de izquierda Unidas Podemos, los españoles regresarán a las urnas el próximo 10 de noviembre para elegir el presidente del Gobierno de la nación. Será la cuarta vez en cuatro años.
En España es el jefe del Estado, el rey, quien propone el candidato a la presidencia del Gobierno. Para ello, ha de constatarse que ese candidato reunirá los apoyos suficientes, lo que el aspirante socialista y actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, no ha conseguido.
El sistema parlamentario español exige que para que un candidato pueda ser investido presidente reciba el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Ello significa que en una cámara formada por 350 diputados voten a favor de su investidura como mínimo la mitad más uno de ellos, es decir, 176 parlamentarios.
Aunque la victoria de Sánchez fue clara –obtuvo 57 diputados más que el segundo más votado, el conservador Partido Popular (PP)-, fue la más insuficiente de las cuatro décadas que España lleva en democracia. El socialista sólo logró 123 escaños en el Congreso, lo que significaba quedar a 53 de la mayoría absoluta.
Para hacerse una idea de las dificultades para formar gobierno, veamos la actual composición del arco parlamentario. Tras los 123 diputados del PSOE están los 66 del PP, los 57 de Ciudadanos –orientado, como el PP, a la derecha-, los 42 del izquierdista Unidas Podemos (UP) y los 24 del ultraderechista Vox. El resto de asientos en el Congreso, hasta sumar los 350, están ocupados por partidos de ámbito regional, como los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos.
La situación obligaba a Sánchez a negociar apoyos parlamentarios. Con sus 123 diputados, necesitaba sumar los 42 de Unidas Podemos, con lo que totalizaría 165. Aunque faltarían once para los 176, la legislación permite que en una segunda votación de investidura no sea necesaria esa mayoría absoluta, sino que el candidato a presidente obtenga más votos favorables que negativos. De esta forma, ante el previsible voto contrario de los partidos de derecha, bastaría que los partidos regionalistas, nacionalistas o independentistas se abstuvieran para que Sánchez formara gobierno.
Sin embargo, no ha sido posible el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. El dirigente de éste, Pablo Iglesias, planteó desde el primer momento un Ejecutivo de coalición con los socialistas, algo a lo que se negaba Sánchez, que deseaba gobernar en solitario sin dar entrada en el Consejo de Ministros a miembros de UP. En otras palabras, pretendía un apoyo parlamentario de Iglesias a cambio de nada.
La negativa del líder de UP forzó a Sánchez a intentar un pacto. Pero las negociaciones, que fueron intensas el pasado julio, conllevaron un sinfín de filtraciones a la prensa, desmentidos y desencuentros, lo que tuvo como resultado que en la votación de la investidura, celebrada entre el 23 y el 25 de julio, fuera rechazada la candidatura de Sánchez: consiguió sólo 124 votos a favor, frente a 155 en contra y 67 abstenciones –en éstas se contabilizan los diputados de UP-.
Pese a ese fracaso, quedaba la opción de un nuevo debate de investidura, a celebrar este septiembre. No obstante, las posturas de PSOE y UP han permanecido irreconciliables, con los dos partidos culpándose el uno al otro de la falta de entendimiento y, por consiguiente, de la repetición de las elecciones generales.
Sánchez, al liderar el partido más votado, tenía la obligación de conseguir la formación de gobierno. Pero su desconfianza hacia Unidas Podemos y/o su afán por gobernar en solitario han tenido como resultado la nueva convocatoria electoral.
La principal responsabilidad de que España vaya a estar, como mínimo, hasta noviembre con un gobierno interino es, pues, suya.
No obstante, el recelo de Pedro Sánchez hacia UP es en parte justificable. La postura de Iglesias en el conflicto catalán –derivado de una convocatoria en 2017 por parte de la Generalitat de Cataluña de un referéndum ilegal de independencia- es muy diferente a la del PSOE. Pablo Iglesias afirmó en su día que los dirigentes catalanes encarcelados por ese referéndum son “presos políticos”, algo que rechazan tanto el PSOE como los partidos de derecha.
A pesar de esas diferencias, Sánchez ha sobrevalorado su posición, olvidando que su mayoría parlamentaria es exigua y confiando en que una nueva cita electoral lo reforzará.
Sin embargo, el descontento que el fracaso de la formación de gobierno está causando en la sociedad española hace prever que baje la participación en las próximas elecciones. Y la experiencia muestra que cuando la abstención ha sido alta, ha salido perdiendo la izquierda.
Así ocurrió por ejemplo en 2011, cuando Mariano Rajoy (PP), logró la mayoría absoluta (186 diputados), con una participación de sólo el 69% del censo electoral. Por el contrario, en 1982 el socialista Felipe González ganó las elecciones con una participación del 80%, que se tradujo en 202 escaños del PSOE en el Parlamento.
En una entrevista ayer en el canal de televisión La Sexta, Sánchez declaró que “no dormiría por las noches” si hubiera aceptado las condiciones de Podemos. Esa afirmación ha desatado críticas de Iglesias, pero también de los líderes de los partidos de derecha, por el impasse en el que el presidente en funciones ha mantenido al país durante los últimos cinco meses de negociaciones sin resultado.
Aunque es de Sánchez la principal responsabilidad de que España esté “en funciones” –gobernada con un presupuesto que no es el del Gobierno actual, sino el último aprobado bajo mandato de Rajoy, al no haber obtenido Sánchez apoyo parlamentario a sus cuentas-, Pablo Iglesias también debería considerar que su postura podría ser demasiado arriesgada: su negativa a apoyar al PSOE puede tener como consecuencia que en las elecciones del 10 de noviembre sea la derecha la que sume una mayoría parlamentaria que le permita gobernar.
Por otra parte, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha mostrado desde antes de las elecciones del pasado abril su rotundo rechazo a pactar con el PSOE. Al ser Ciudadanos un partido que se define como liberal, su postura ha despertado las críticas de políticos europeos como el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, quien le ha reprochado que haya alcanzado acuerdos en gobiernos regionales con los ultraderechistas de Vox. Cabe destacar que si Ciudadanos sumara sus 57 diputados a los 123 del PSOE, daría 178, con lo que habría mayoría absoluta.
Quien puede verse favorecido en las elecciones de noviembre es el PP. Su presidente, Pablo Casado, ha moderado en los últimos meses su discurso –que había girado muy a la derecha antes de los comicios del pasado abril-. Si sabe jugar sus cartas, podría pescar votos en el caladero de Ciudadanos e incluso atraer a antiguos votantes del PP que se pasaron a Vox.
Pase lo que pase en la próxima cita electoral, todo hace prever que el Parlamento español permanecerá tan fragmentado como ahora, y que resulte igual de complicada la formación de gobierno. Así, el riesgo del eterno retorno a las urnas antes de tiempo seguiría amenazando a la política española.
