La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que el “Proyecto del Tren Maya” debe orientarse a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos
humanos de los pueblos y comunidades indígenas, y en tal sentido hace un respetuoso llamado al Presidente Electo, Andrés Manuel Lopez Obrador, a promover su agenda gubernamental de manera integral con los compromisos en materia de derechos humanos suscritos por México, en especial por lo que se refiere en este caso a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Para esta Comisión Nacional, un proyecto de esa naturaleza debe considerar la consulta a los pueblos y comunidades indígenas sobre los asuntos que potencialmente les afecten, tal y como lo contempla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual México es parte y advierte que, además, debe considerar aspectos de desarrollo sustentable,
que permitan el uso y aprovechamiento de recursos naturales por las generaciones actuales y futuras, equilibrando el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio
ambiente.
Por lo anterior, la CNDH insta a quienes impulsan dicho proyecto a dar a conocer ampliamente su contenido para propiciar un debate público y la participación libre e informada de las partes interesadas. Una sociedad que no está bien informada no es libre de participar en la toma de
decisiones que puedan afectar sus derechos fundamentales.
El documento, debe detallar de manera clara y sencilla los alcances y pormenores del proyecto,
así como señalar con precisión las implicaciones que se puedan derivar en materia de derechos humanos para los pueblos y comunidades indígenas involucrados.
Para esta Comisión Nacional, los derechos humanos son parte central de la vida social y política del país, permiten a la ciudadanía enfrentar las situaciones de desigualdad, marginación y exclusión, por lo que en el marco del citado proyecto es deseable la participación
de todos los sectores sociales, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de tomar decisiones informadas y respaldadas por los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, no solo los referidos a la consulta previa, sino todos aquellos que
apliquen a partir del principio pro persona, como parte de sus derechos individuales y colectivos.
