Víctimas de “La Gran Familia”, un infierno que no termina
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las autoridades han sido omisas en dar seguimiento a sus casos.
Para los niños, niñas y adolescentes que vivían en La Gran Familia, el infierno no ha terminado. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las autoridades han sido omisas en dar seguimiento a sus casos.
La Procuraduría General de la República realizó en el año 2014 un operativo para liberar a 536 menores que permanecían en condiciones insalubres, de esclavitud y abandono en la Casa Hogar “La Gran Familia” ubicada en la ciudad de Zamora, Michoacán.
Las víctimas presentaban descuido en su higiene, en su ropa, huellas de lesiones antiguas y recientes, enfermedades, trastornos psicológicos, y un desarrollo físico inferior a que correspondía a su edad.
Algunos de los menores llegaron a la Casa Hogar remitidos por sistemas DIF de los estados de Jalisco, Estado de México y Querétaro, pero nunca verificaron que “La Gran Familia” era peor que una cárcel.
El caso de V100
El DIF Estatal de Querétaro derivó a la Casa Hogar de Zamora, directa o indirectamente, 6 casos entre los años de 2003 y 2007. Dos de estos casos fueron rescatados en 2014 por la PGR. Uno fue identificado como la Víctima 100, o V100.
V100 es un niño que fue entregado al DIF Estatal de Querétaro por su familia. No una, dos veces.
Su madre “manifestó su imposibilidad para hacerse cargo de su hijo, el cual se encontraba a disposición de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia por segunda ocasión”, según consta en la Recomendación por Violaciones Graves No. 14VG/2018.
Por ello suscribió con el DIF de Querétaro un “convenio asistencia mediante el cual se estableció que el menor [V100] permaneciera en la [Casa Hogar] en Zamora, Michoacán, hasta su mayoría de edad”.
Fue enviado y olvidado. La CNDH reportó que los sistemas DIF de Jalisco, Estado de México y Querétaro fueron omisos en llevar a cabo “las acciones de supervisión a que estaban obligados al remitir personas menores de edad a la Casa Hogar”.
El organismo defensor de los Derechos Humanos consideró que con estas omisiones “propiciaron que fueran víctimas de las graves violaciones a derechos humanos” en “La Gran Familia”.
La CNDH instó a los gobernadores del Estado de México, Jalisco y Querétaro a que “en un plazo de tres meses se realice una auditoría en sus respectivos Sistemas DIF, que les permita analizar las responsabilidades administrativas en que incurrieron los servidores públicos de esas instancias que hubieran derivado a personas menores de edad a la Casa Hogar sin haber dado seguimiento a sus casos, ni verificar las condiciones en que éstos se encontraban en ese lugar”.
Revictimización
El abandono hacia los menores de “La Gran Familia” continuó tras su liberación en 2014.
La CNDH responsabiliza a los servidores públicos del DIF Nacional y de los Sistemas DIF de Baja California, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Morelos, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Sinaloa y Querétaro, de haber sido omisos en el seguimiento y atención de los menores que les fueron derivados.
La recomendación 14VG/2018 describe permitieron la reintegración de las víctimas a “a sus diversas familias sin asegurarse que en ellas se contaba con los medios idóneos para garantizar su pleno desarrollo”.
Tampoco verificaron que tuvieran “las herramientas mínimas indispensables para lograr en forma exitosa una transición segura entre las condiciones vividas en la Casa Hogar y sus respectivos hogares, albergues o casas de acogida a donde los enviaron”.
Con estas omisiones, las instituciones señaladas dejaron “a los agraviados nuevamente en condiciones de riesgo y vulnerabilidad”.
Por ello, la CNDH recomendó a los respectivos gobernadores a “realizar una investigación administrativa, en la que se identifique a los servidores públicos de sus Sistemas DIF que omitieron dar asistencia a las víctimas que les fueron entregadas para sus cuidados y atenciones por parte de la PGR, así como aquéllos que omitieron verificar que las familias a las cuales fueron entregadas las víctimas contaran con los elementos necesarios que facilitaran su reintegración”.