La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto en el estado de Aguascalientes y ordenó al Congreso estatal derogar los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal que castigan con cárcel el aborto.
Tras conceder un amparo al Grupo de Información en Reproducción Elegida y otras asociaciones civiles, a propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara, la Primera Sala de la SCJN determinó que los artículos son contrarios a los derechos humanos de las mujeres y de las personas gestantes, especialmente del derecho a la igualdad y no discriminación y del derecho humano a la salud.
“Solamente así, mediante la herramienta de una concesión amplia se puede proteger de manera idónea los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar a la salud reproductiva e igualdad y no discriminación vulnerados de manera colectiva, objeto del presente juicio de garantías”, señala el proyecto del ministro González Alcántara avalado por mayoría de cuatro votos contra uno.
De acuerdo con el proyecto, desde 2015 a junio de 2023, se han iniciado 73 carpetas de investigación por el delito de aborto en Aguascalientes.
“Esta Primera Sala no puede ser indiferente a la situación en la que las mujeres y personas gestantes de Aguascalientes están y han sido sometidas de manera injusta, siendo imperativo que los tribunales constitucionales, rompan el círculo de discriminación y se tomen las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados que la sociedad y el propio sistema de justicia les pudieran ocasionar o hayan ocasionado”.
Despenalizan a médicos
El Alto Tribunal decidió que también resulta inconstitucional en su totalidad el artículo 102 del Código Penal del estado de Aguascalientes, el cual penalizaba a los médicos que practicaran un aborto con una suspensión en el ejercicio de su profesión por un periodo de dos a cinco años.
En este sentido, el artículo 102 de ese ordenamiento “resulta inconstitucional en su totalidad, pues aunado a que parte de la misma idea de que el aborto es un delito, con la penalización del trabajo de los médicos que lo realizan no sólo se ve afectada la prestación del mencionado servicio y la forma en cómo los profesionales de la salud, así como el derecho a decidir y a la salud de las mujeres y personas gestantes”.
