La Cruzada Nacional Contra el Hambre -cuyo propósito era erradicar la pobreza alimentaria- terminó con un mayor número de personas con carencias alimenticias.
Además, no se comprobó que las personas reportadas como atendidas hayan recibido los beneficios del programa.
De acuerdo con el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cruzada atendió a más de 9 mil personas en su totalidad, lo cual fue solamente el 0.1% de los 7.9 millones de ciudadanos que la SEDESOL identificó en pobreza extrema.
Al término de 2018, el Sistema de Focalización de Desarrollo de la SEDESOL registró 7.9 millones de personas con al menos tres carencias, incluida la alimentación e ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo respecto a 2016, lo que significó un aumento del 54% en los ciudadanos en esta situación.
En 2016, El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) registró a 5.1 millones de personas bajo las mismas condiciones de pobreza.
El programa social careció de una legislación que reglamentara el derecho constitucional a la alimentación, además de que de 70 programas sociales identificados en 2013 pasaron a 30 en 2018, lo que significó una reducción del 57%, de acuerdo con la ASF.
La secretaría no acreditó que las personas reportadas como atendidas por la CNcH recibieron los beneficios de los programas presupuestarios participantes en la CNcH. L
ASF. Informe de Auditoría 288-DS.
La entidad no acreditó que el compromiso hecho por el Gobierno Federal en 2012 de acabar con la pobreza alimentaria y haber emitido el Decreto donde se estableció el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre bajo la coordinación de la SEDESOL fuera una solución para erradicar la pobreza alimentaria.
Por este programa “estrella” del gobierno federal entre 2012 y 2018, la ASF emitió “quince solicitudes de intervención al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar, para que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes, por los actos u omisiones de los servidores públicos que incumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables.
Entre las solicitudes de investigación destaca la décimo quinta “por no acreditar la atención de las carencias sociales de la población en condición de pobreza extrema alimentaria, ni el cumplimiento, a 2018, del objetivo
de la CNcH “cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación”.
