A lo largo de la última década, Pemex no ha sido capaz de generar los recursos suficientes para financiar su gasto operativo y de inversión, así como para hacer frente al costo financiero de su deuda y a sus obligaciones fiscales.
De acuerdo con una reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad, cada año, desde 2009, sus gastos han sido mayores a sus ingresos, por lo que se ha visto obligado a contratar más deuda: sus obligaciones financieras crecieron un 113% en términos reales al pasar de 631 mil 850 millones de pesos al cierre de 2009 a 2 billones de pesos al 30 de junio de 2019.
Además, la extracción de crudo, su negocio más rentable, va en declive desde hace más de 10 años. Entre diciembre de 2003 y junio de 2019 la producción de petróleo se redujo a la mitad, al pasar de 3.5 a 1.7 millones de barriles diarios.
Las recientes decisiones de reducción y cambio en la perspectiva de la calificación crediticia de Pemex por parte de distintas agencias calificadoras de valores evidencian la gravedad de la situación a la que se enfrenta: Pemex puede convertirse en el emisor corporativo de bonos basura o sin grado de inversión más grande del mundo.
Frente a este escenario, y como parte de la estrategia de rescate del sector energético, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una serie de medidas orientadas a recuperar la capacidad productiva y a revertir el deterioro financiero de Pemex.
El mandatario ha propuesto que entre 2019 y 2022 el Gobierno mexicano incremente el flujo de efectivo de la empresa en 455 mil 887 millones de pesos (23 mil 499 millones de dólares) mediante cuatro mecanismos principales: aportaciones de capital, apoyos fiscales, prepago de pagarés y apoyo en la estrategia de combate al robo de combustible.
¿Vale la pena que los mexicanos rescatemos a Pemex?
Sí, por las implicaciones sistémicas que tendría su quiebra sobre la economía y las finanzas públicas del país (solo en 2018 Pemex pagó impuestos directos e indirectos, derechos y aprovechamientos al Gobierno mexicano por un total de 932 mil 825 millones de pesos).
Sin embargo los apoyos financieros planteados por la actual administración tienen que estar acompañados de cambios sustanciales en la operación y gestión de la empresa productiva del Estado. De lo contrario, repetiremos la historia que hemos observado en administraciones anteriores: inyectarle recursos a un barril sin fondo (entre 2006 y 2018 se le transfirieron 267 mil 744 millones de pesos).
El nuevo Plan de Negocios de Pemex utiliza supuestos optimistas, considera el IMCO, y se perfila como el paquete de ayuda más ambicioso de la última década, sin embargo, existen omisiones importantes ya que no se atienden realmente las deficiencias estructurales de la empresa, ni tiene tampoco el alcance suficiente para modificar la trayectoria de deterioro financiero y operativo de Pemex.
El IMCO propone que un elemento central del rescate del Gobierno Federal a Pemex sea condicionar los apoyos propuestos a cambio de la implementación de una serie de ajustes estructurales en la empresa que garanticen su viabilidad y su contribución al bienestar de todos los mexicanos. Ello a partir de las siguientes acciones:
- Reformar su gobierno corporativo para que su consejo de administración cuente con perfiles profesionales, independientes y sin conflicto de interés entre quien dicta la política energética y quien la ejecuta.
- Implementar un programa de austeridad al interior de la empresa, para financiar sus gastos, sin incurrir en mayor endeudamiento.
- Reactivar la participación y asociación con la iniciativa privada en la exploración y producción de hidrocarburos (farmouts).
- Focalizar su inversión en actividades que generen mayor rentabilidad a la empresa, como exploración y producción de hidrocarburos.
Para el IMCO, Pemex debe orientar sus inversiones a las actividades dentro de la cadena de valor de los hidrocarburos que generan las mayores rentas económicas para el Estado, como las actividades de exploración y extracción (upstream).
Dedicarse a otras actividades (logística y transporte –midstream– y refinación y petroquímica –downstream–) distrae recursos de inversiones más rentables y apremiantes que le permitirían a Pemex incrementar su producción y restituir reservas de hidrocarburos. Por ello se propone cancelar la construcción de la refinería de Dos Bocas.
En caso de construirse, esta refinería, sostiene el informe del IMCO, se debe establecer como una empresa independiente a Pemex, con el objetivo de negociar un contrato colectivo que le permita aumentar sus niveles de productividad y rentabilidad.
