La Secretaria de la Función Pública, la Dra. Irma Eréndira Sandoval, reportó que durante tres meses fueron investigados los bienes declarados por el Director General de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, para lo cual se requirió información a más de una docena de instituciones públicas.
En conferencia de prensa esta tarde, Sandoval Ballesteros expresó que las declaraciones patrimoniales son declaraciones juradas y una vez que éstas son investigadas significa que la Función Pública revisará a profundidad y hasta las últimas consecuencias la información contenida, tal y como se realizó.
En torno a Manuel Bartlett explicó que la Función Pública recibió 33 denuncias, conformadas por 14 denuncias anónimas presentadas ante el SIDEC, 10 alertas ciudadanas en el portal de Alertadores de la Corrupción, 3 denuncias por políticos del PAN, una por integrantes del PRD y 5 por ciudadanos que se identificaron con nombre y apellido, todas reproduciendo la información de dos reportajes periodísticos.
De acuerdo con los hechos denunciados, la investigación tuvo como objetivo determinar si podrían haber sido cometidas faltas administrativas como actuación bajo conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, y tráfico de influencias. Estas son faltas graves previstas en los artículos 58, 60 y 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Para contar con evidencia que permitiera acreditar o desvirtuar las posibles faltas administrativas, se realizaron medio centenar de diligencias y se solicitó información a 15 autoridades competentes, entre las cuales se incluyen la Contraloría Interna del Senado de la República, el Servicio de Administración Tributaria, los Registros Públicos de Propiedad de la Ciudad de México, Tabasco y Puebla.
Con base en la exhaustiva investigación, se concluyó que no se acreditaba la posible actuación bajo conflicto de interés, debido a que, según las constancias recabadas, en la temporalidad de los hechos denunciados y hasta la fecha, Manuel Bartlett Díaz no tiene ninguna injerencia en la administración o control de las empresas por las que fue cuestionado en las denuncias que se presentaron, y tampoco ha intervenido en la atención, tramitación o resolución de asuntos relacionados con dichas empresas.
Respecto al posible enriquecimiento oculto y ocultamiento de conflicto de interés, se buscó determinar si el servidor público faltó a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales y de intereses con la finalidad de ocultar el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable.
De la revisión de sus declaraciones patrimoniales, se concluyó que no tenía la obligación de declarar los bienes inmuebles a los que se hace mención en las distintas denuncias presentadas porque no son de su propiedad.
En torno al patrimonio de su pareja, no tenía obligación legal de declarar sus bienes, ya que no tienen el carácter de cónyuges o concubinos, pues no existe entre ambos un vínculo matrimonial conforme a la legislación civil ni cumplen los criterios jurídicos para considerar que están unidos en concubinato.
En cuanto a los bienes inmuebles a nombre de los hijos del servidor público, tampoco existía la obligación legal de manifestarlos en sus declaraciones patrimoniales, al ser mayores de edad y sin dependencia económica con su padre.
Acerca de la participación del servidor público en diversas empresas, no se acreditó que el servidor público haya pretendido ocultar el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable.
Si bien la señora Julia Abdalá, su pareja sentimental, no es esposa del investigado ni su concubina, y por lo tanto no tiene obligación de declarar sus bienes, a partir del próximo año los servidores públicos estaremos obligados a declarar todos los bienes de las personas con las que tenemos un vínculo sentimental. De esa manera, Bartlett deberá rendir cuentas del patrimonio de ella.
Resaltó la propuesta que personalmente hizo en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción para cambiar los formatos de declaración patrimonial, con lo que a partir del próximo año todas las personas servidoras públicas, deberán declarar los bienes de sus parejas, lo que representa un importante paso hacia la transparencia.
