La delegada de la Secretaría de Bienestar en Querétaro, Rocío Peniche Vera, rechazó que la dependencia federal haya promovido o financiado la participación de trabajadores en la marcha por el agua que organizaron pobladores de la comunidad de Maconí, en Cadereyta de Montes, y de diversas comunidades de la Sierra Gorda.
Luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmara el inicio de una investigación en contra de servidores públicos que se sumaron a la movilización, la delegada señaló que la instancia a su cargo no está involucrada, y apuntó que quienes participaron lo hicieron a título personal.
“Bienestar Querétaro nunca ha instruido a ningún servidor público para participar, ni en este ni en ningún otro movimiento social. Si ha habido personas que se han solidarizado con el pueblo de Maconí, lo habrán hecho a título personal, lo que también puedo asegurar es que en Bienestar no hemos descuidado en absoluto nuestros deberes con todos los programas sociales que están bajo nuestra responsabilidad”, dijo.
No obstante, Peniche Vera justificó la participación de los trabajadores, al considerar que no es extraño que la gente se solidarice con demandas de servicios básicos, situaciones hacia las que, dijo, también se solidariza.
Acusó además que los señalamientos en contra de la Secretaría de Bienestar se han hecho en redes sociales, sugirió, por perfiles anónimos pagados para golpear al gobierno federal. En ese sentido, llamó a que las denuncias se lleven a instancias formales para deslindar responsabilidades.
“Yo llamaría a tomar con muchísima seriedad el asunto y más bien les expreso mi extrañamiento porque las acusaciones contra la delegación de Bienestar están fundadas en señalamientos que se han hecho en redes sociales con perfiles anónimos, y cuestionaría, ¿quién está financiando el pago de publicidad en esos perfiles de dudosa credibilidad para golpear y afectar el gobierno de López Obrador? En todo caso, invitaría a que fomalicen sus denuncias y que se proceda si se cometió algo indebido para que la función pública pueda tomar cartas en el asunto”, concluyó.
