Más de la mitad de los accidentes viales que se registran en todo México se concentran en siete entidades como son Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Baja California, Sonora, Estado de México y Querétaro, revela un diagnóstico de la movilidad realizado por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano.
El diagnóstico forma parte de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial dada a conocer en días pasados.
De acuerdo con el documento, entre los años 2011 y 2021 el 58.0 % de los accidentes se han concentrado en los estados de Nuevo León donde ocurren el 20.2 % de ellos, Jalisco con 9.5 %, Chihuahua con 7.9 %, Guanajuato 5 %, Baja California 4.1 %, Sonora y Estado de México con 3.8 % cada uno y Querétaro 3.6 %; mientras que el 42 % restante se dispersa en 25 entidades.
En México, añade el diagnóstico de movilidad de Sedatu, los siniestros de tránsito son una de las principales causas de muerte, traumatismos y generadores de altos costos multidimensionales que ascienden a 204 mil millones de pesos al año, lo que equivale entre el 1.8 y el 3 % del Producto Interno Bruto.
Como resultado de esos accidentes, en el periodo entre 2011 y 2021 se han registrado 344 mil 286 defunciones, en promedio 15 mil muertes anuales, y 3 millones 166 mil 282 lesionados, unos 130 mil lesionados por año.
De esos fallecidos, destaca, el 59.3 % perecieron en el sitio del siniestro, lo que infiere que las vías no son un espacio seguro para las personas que transitan en ellas.
Por tipo de siniestro, cerca del 90 % han sido colisiones, donde la colisión entre vehículos automotor en promedio concentra el 68.7 % del total, siguiendo colisiones con objeto fijo (11 %), con motocicleta (5.1 %), con peatón -atropellamiento- (4.7 %) y el restante 8.6 % se distribuyen en otros tipos de siniestros.
La Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial ya fue aprobada y será publicada en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación. La Estrategia tiene el propósito de garantizar el derecho de todas las personas a trasladarse y disponer de sistemas integrales de movilidad con calidad, suficiencia y accesibilidad que, en condiciones de igualdad, equidad y sostenibilidad, permitan reducir las brechas de desigualdad en el acceso de las personas al derecho a la movilidad.
