La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron el asesinato del defensor indígena de derechos humanos Julián Carrillo Martínez, uno de los principales líderes de la comunidad rarámuri.
De acuerdo con la información recibida, la noche del 24 de octubre, el Sr. Carrillo Martínez fue atacado en Coloradas de la Virgen por hombres armados y falleció por los impactos de municiones de alto calibre.
Un día antes, la víctima conoció que sus agresores lo estaban vigilando por lo que buscó refugio en un cerro cercano.
La CNDH solicitó al gobierno y a la Fiscalía de Chihuahua implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida, integridad y seguridad de los familiares de la víctima, y agotar la línea de investigación relacionada con la labor que él llevaba a cabo.
El Sr. Carrillo Martínez realizaba una valiosa labor de defensa del bosque ante la tala indiscriminada de árboles en la región.
Entre otras actividades, impulsaba, con otros miembros de la comunidad, la nulidad del permiso de aprovechamiento de recursos forestales otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a actores locales.
Además de encabezar la defensa del territorio de su comunidad indígena, la víctima era miembro de Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), organización ampliamente reconocida por su defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Debido a la defensa de los derechos humanos que Julián Carrillo y otros defensores comunitarios de Coloradas de la Virgen realizaban, el propio Sr. Carrillo ya había sido víctima de reiteradas agresiones, incluidos los homicidios de sus familiares: Francisco Chaparro Carrillo, yerno, en julio de 2018; Alberto Quiñones Carrillo, sobrino, en septiembre de 2017; Guadalupe Carrillo Polanco, sobrino, en julio de 2016; y Víctor Carrillo Carrillo, hijo, en febrero de 2016.
Derivado de amenazas recibidas y del riesgo que enfrentaba, el Sr. Carrillo Martínez se había desplazado de la comunidad en diferentes momentos y era actualmente beneficiario de medidas de protección del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Chihuahua, y en particular el municipio de Guadalupe y Calvo, es una de las zonas de mayor peligrosidad para quienes defienden derechos humanos.
Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, visitó México y Chihuahua en 2017 y en su informe de misión presentado en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos mencionó que “Al visitar el estado de Chihuahua, fui testigo de los riesgos que corrían los defensores de los derechos humanos que protegían los derechos del pueblo indígena rarámuri, una comunidad amenazada por grupos de delincuencia organizada y carente de la protección del Estado”.
