Los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados Jorge Romero Herrera (PAN), Rubén Moreira Valdez (PRI) y Luis Espinosa Cházaro (PRD) presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022.
Los legisladores aseguran que el presupuesto aprobado por la propia Cámara de Diputados “transgrede el principio de progresividad, mismo que fue incorporado al artículo uno constitucional en la reforma de 2011”.
En un comunicado, detallaron que este principio, como lo ha sostenido la SCJN, tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva, es decir, que no permanezcan estáticos.
Los líderes parlamentarios señalaron que es la primera acción de esta naturaleza que presentan los tres partidos, luego de lo establecido en las modificaciones constitucionales del 2011.
Refirieron que el presupuesto aprobado transgrede el principio de progresividad y es regresivo, ya que no aumentó y recortó recursos a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los y las mexicanas.
Añadieron que estos programas permiten avanzar en una mayor y mejor cobertura de educación, salud, fortaleciendo del federalismo y protección a mujeres.
Señalaron que el presupuesto está afectando derechos humanos. Para ejemplificar, citaron el caso del sector salud, donde el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) sigue sin garantizar la cobertura y los recursos efectivos para beneficiarios.
Otros de los programas que refieren es el de “la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, pues tuvo un recorte en de aproximadamente 10 mil millones de pesos, lo que “muestra la regresividad”.
En educación, las y los diputados de la colación Va X México acusan que se dejó de lado la recuperación de programas destinados a apoyar a las escuelas en el combate del rezago educativo, principalmente en las zonas más vulnerables del país.
Eso sumado a la desaparición de los programas de Escuelas de Tiempo Completo, el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena; entre muchos otros, subrayaron.
Respecto a los programas enfocados en la igualdad y la protección de la mujer ante la violencia, el presupuesto aprobado también resulta regresivo, así lo muestran los recortes a la promoción, atención y prevención de la violencia contra las mujeres, así como el de atención a víctimas y estancias infantiles.
En lo relativo al medio ambiente, se concretaron afectaciones al presupuesto para áreas naturales protegidas y la protección de especies y ecosistemas, así como en una disminución real en el anexo 16 destinado al rubro.
Las y los diputados explicaron que las dos características de los derechos y los programas públicos que fundamentan la presentación de la acción de inconstitucionalidad son la progresividad y la no regresividad. Tanto el presupuesto de egresos en su conjunto, como los programas públicos en lo individual, deberían ser cuidadosos de estas características.
