Luego de que en abril pasado recibiera una amenaza, ahora, el periodista Ricardo Sevilla recibió un mandamiento judicial que le impide hablar de “ciertos temas y personajes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)” luego de que ha publicado una serie de reportajes que evidencian irregularidades en diferentes instancias y facultades de la institución, así como gastos que el propio rector ha realizado.
En una conversación que ContraRéplica y La Hoguera sostuvieron con el periodista que desde hace años ha realizado investigaciones sobre la corrupción de la “burocracia dorada” de la máxima casa de estudios del país, explicó que el pasado 20 de junio recibió un mandamiento judicial que le impone, por el momento, seguir hablando de algunos temas relacionados con la UNAM y de algunos personas, el cual dijo acatar, pero que adelanta eso no le impedirá seguir denunciando la corrupción que sigue encontrando al interior de la universidad.
Pese a que debido a la investigación que se sigue no puede revelar cuáles son los temas y funcionarios de los que no le permiten hablar, el periodista fue enfático en señalar que, junto con su abogado, acudirá a las instancias federales para defender su derecho a la libertad de expresión, que pese a los yerros que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tenido en los últimos meses, en algo ha acertado: “que cuando está en pugna el derecho a la libertad de expresión contra el derecho al honor, el primero es prioritario”.
Aunque este intento de acallar es el único que ha recibido de manera directa y por la vía judicial después de años de revelar las “triquiñuelas y abusos” —como él mismo califica las irregularidades que ha encontrado, en su columna ‘Arreando al elefante’ del 22 de junio publicada en el Diario Basta!— antes, en abril pasado, asegura que el propio rector Enrique Graue Wiechers lo amenazó públicamente cuando compareció ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril al asegurar que emprendería acciones legales en contra del periodista que había estado publicando.
“El rector (Enrique Graue Wichers) en la propia Cámara de Diputados me lanza una amenaza, y no velada, sino con todas sus letras dice que está pensando en la posibilidad de demandar al autor de esa campaña (en su contra) y en ese momento era yo únicamente (el que había publicado)”, sostiene.
Ricardo Sevilla recuerda que durante esa comparecencia, la cual describe como atropellada, el rector fue cuestionado por legisladores de la Cuarta Transformación sobre si es o no doctor, como se ostenta y firma documentos oficiales, tema que el periodista evidenció al publicar que Graue Wiechers en realidad no es doctor, sino licenciado en medicina con una especialidad en oftalmología, “que por cierto, la especialidad en oftalmología la obtiene de una asociación civil que funda y preside su padre, y posteriormente él también hereda”.
En esa misma visita al Congreso, el rector afirmó estar siendo víctima de una campaña en su contra por parte de algunos medios que entonces calificó “de dudosa reputación” y que el 21 de junio repitió, pero a través de un desplegado firmado por los titulares de 65 facultades, escuelas e institutos de la UNAM. En ese desplegado, los académicos dijeron que existía una “campaña de infundios y calumnias en contra del rector” desde lo que llamaron “espacios informativos de dudosa ética profesional”.
Esto último tras las publicaciones en distintos espacios de noticias, incluido La Hoguera, donde se ha revelado información sobre las cuentas bancarias del rector Graue Wiechers que presentan movimientos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) califica de “inusuales y relevantes” por lo que ya le inició una investigación.
De 2017 a 2023, el rector ha gastado personalmente en una sola tarjeta de servicio casi 80 millones de pesos. Una pieza periodística publicada por la revista Contralínea —que fue llevado a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador— revela que la Fundación Conde de Valenciana que preside el rector, pese a tener el registro de “sin fines de lucro” recibe aportaciones millonarias. Tan solo en 2022 recibió más de 600 millones de pesos que le permitió, incluso, especular varios millones en bonos gubernamentales.
Caso Yasmín Esquivel
Antes del posicionamiento donde los académicos defendieron “la honorabilidad” del rector, la Universidad también había intentado detener el proceso legal que se le sigue la ministra Yasmín Esquivel Mossa sobre el tema del presunto plagio de su tesis de licenciatura. Pues recordemos que en enero pasado la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón determinó que la ministra “copió sustancialmente” su tesis, esto sin que le dieran oportunidad de presentar pruebas a su favor.
Pero ante la presión, la UNAM abrió un espacio para recibir pruebas de ambos estudiantes involucrados que son “analizados” por el Comité de Ética Universitario, pero que en el transcurso de ello Esquivel Mossa interpuso amparos para evitar que se diera a conocer esa resolución. En tanto, el 8 de junio pasado una jueza resolvió que basado en las pruebas y en los dictámenes en materia documentoscopía, grafoscopía, análisis de lingüística y hermenéutica, así como la línea del tiempo demuestran que ella es la autora de la tesis.
Sobre este tema, el periodista Ricardo Sevilla reveló que para lanzar esta campaña en contra de la ministra Esquivel Mossa, que en ese momento tenía posibilidades de presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se reunió gente de Latinus con Guillermo Sheridan en la casa de Carlos Loret de Mola en Valle de Bravo, donde acordaron la estrategia “de embestida contra Yasmín”.
“Si revisamos el supuesto reportaje no es más que una nota opinativa y él hace estos señalamientos sobre el presunto plagio de la tesis de la ministra que ulteriormente son desmentidos por el propio personaje (Édgar Báez) que es señalado como el autor original de la tesis”.
