Al encabezar el 2º Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, su titular, Alejandro Encinas, reveló este miércoles que se le prohíbe decir la verdad sobre las indagatorias que se realizan para dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas
Ante los medios de comunicación, Encinas anunció que un juez concedió una suspensión provisional en favor de Tomás Zerón de Lucio a fin de que las autoridades se abstengan hacer declaraciones sobre él. El exfuncionario está prófugo de la justicia mexicana por los delitos de tortura y alternación de pruebas en el caso Ayotzinapa, y vive en Israel.
“Esto va a ser una conferencia suigéneris. Acabo de recibir hace un momento en mi oficina un amparo que concedió el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México al señor Tomás n. en donde se me prohíbe decir la verdad. Ese es un asunto paradójico en la vida de nuestro país: al presidente de la Comisión de la Verdad se le instruye no declarar sobre la verdad.
“Se concede la suspensión provisional a Tomás Zeron de Lucio para el único efecto que las autoridades responsables se abstengan continuar de realizando declaraciones verbales, escritas o la publicación de contenido en páginas oficiales o de redes sociales mediante las que se afirme, sugiera o preste dentro de un contexto especial al quejoso sosteniendo que es un torturador, que realizo actos de tortura o creó la verdad histórica en el caso Ayotzinapa”, leyó Encinas.
“No se entiende cuá es la función de una Comisión de la Verdad”, espetó el funcionario.
El amparo en favor de Zerón de Lucio se da luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se iba a publicar en la página oficial del Gobierno de México un informe realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional sobre los hechos en los que desaparecieron los estudiantes normalistas.
Al rendir el informe, Encinas aseguró que según las indagatorias “los estudiantes fueron entregados a Guerreros Unidos para su ejecución y desaparición”.
Reiteró que autoridades a nivel municipal, estatal y federal estaban coludidos con Guerreros Unidos. Incluso, dijo, el grupo criminal le pagaba a las autoridades para poder trasegar droga, además que participaban en “levantamientos” de personas.
