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Carecen estados de leyes que protejan a defensores de Derechos Humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que 22 entidades carecen de su respectiva ley para salvaguardar la integridad de las personas defensoras de derechos humanos, en tanto que las 10 restantes ya cuentan con ella para proteger a quienes desempeñan esa actividad.

Los estados que están faltos de dicha ley son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estados de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Reveló, asimismo, que las entidades con más registros de homicidios de personas defensoras civiles de derechos humanos son Chihuahua, con 13 casos; Guerrero, con seis y Oaxaca, con cinco, por lo que urge intensificar esfuerzos para implementar medidas de protección para esas personas, ante la situación de violencia e inseguridad que se vive en distintas regiones del país.

Al presentar el Estudio sobre el cumplimiento de los pronunciamientos de la CNDH en materia de agresiones a personas defensoras de derechos humanos, el Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Édgar Corzo Sosa, dio a conocer lo anterior y destacó que 17 entidades federativas reportaron cumplimiento satisfactorio de la Recomendación General 25; 12 presentaron cumplimiento básico; Yucatán reportó cumplimiento insuficiente, mientras que Chihuahua y Coahuila no registraron respuesta alguna a la misma.

Explicó que para abatir los altos índices de impunidad que registran las agresiones y homicidios contra personas defensoras de derechos humanos es fundamental que los gobiernos federal, estatales y municipales asuman su responsabilidad en la investigación adecuada de dichos casos, además de diseñar y aplicar políticas públicas que permitan prevenir situaciones que pongan en riesgo su integridad.

Dijo que el Estudio, realizado conjuntamente por la CNDH y la UNAM, analiza la respuesta de las autoridades al “Informe Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México”, publicado en 2011, así como a la Recomendación General 25 sobre agresiones a personas defensoras de derechos humanos, emitida por este Organismo Nacional en febrero de 2016.

Acompañado por Carolina Espinosa Luna, investigadora del Centro de Investigaciones Mutidisciplinarias de la UNAM, quien coordinó el equipo de investigación del Estudio, y Pilar Tavera Gómez, ex Consejera del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, subrayó que a partir de que la CNDH emitió la citada Recomendación General, cinco entidades federativas efectuaron las reformas legislativas correspondientes, sumándose a otras cinco que ya contaban con disposiciones similares, por lo cual llamó a los estados pendientes a actualizar su normatividad.

Asimismo, Corzo Sosa dio a conocer que el Estudio contiene propuestas en materia de políticas públicas para que quienes se dedican a la protección, promoción y defensa de los derechos de las personas ejerzan su actividad con los estándares mínimos de seguridad previstos en los tratados e instrumentos internacionales en la materia.

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